Hoy volvemos al pasado y nos fijamos en este acontecimiento entre Chile, Bolivia, Peru

La “Guerra del Pacífico” (1879-1883), que más bien debiéramos llamar “Guerra del Salitre”, las disputas entre las elites chilenas, bolivianas y peruanas, y los intereses de Gran Bretaña como la potencia impulsora del capitalismo durante el Siglo XIX se encuentran en el origen del resentimiento nacionalista de bolivianos y peruanos contra la república de Chile. Brevemente, en 1879 estalló la disputa por los territorios de Tacna y Tarija, ricos en guano y salitre, productos codiciados la primera potencia industrial del mundo. Si bien esta zona estaba bajo dominio formal de Bolivia, empresas chileno británicas tenían el dominio efectivo de la zona. Un conflicto impositivo llevó a una escalada diplomática y militar que culminó en conflicto armado. Bolivia solicitó y obtuvo el auxilio de Perú, país al que lo vinculaba un tratado secreto, pero fundamentalmente la desconfianza común respecto de la actitud de la clase dirigente chilena. Luego de cuatro años de guerra el ejército de ese país ocupó Lima. Tratados posteriores quitaron la salida al mar a Bolivia, produjeron el derrumbe de la economía peruana y entregaron buena parte de la zona salitrera al país vencedor. Cabe acotar que ni las economías de Bolivia y Perú en aquella época tenían el volumen y la solidez de la chilena, ni mucho menos fuerzas militares tan bien equipadas y preparadas. Podría construirse como hipótesis sumamente realista que triunfó la burguesía local que mejor supo organizar su estado nacional y tejer la alianza con imperio británico. Pues bien, hoy el rol de Gran Bretaña lo ocupa su ex colonia, los Estados Unidos de Norteamérica. Y el presente encuentra a cada uno de los países en situación diversa respecto de su integración a la economía mundial “globalizada”. Chile es permanentemente presentado por los órganos de la prensa de negocios mundial como el ejemplo a seguir por los países en desarrollo. Una economía sumamente abierta, concentrada en la producción de commoditties, fundamentalmente agrícolas. Aunque el cobre, su principal exportación (el “salario de Chile” como lo denominó Salvador Allende) sigue siendo producido y exportado por CODELCO, una empresa del Estado, que ni Pinochet se atrevió a privatizar. A partir del retorno a la democracia en 1989, ha estabilizado su sistema político. Estos éxitos macroeconómicos e institucionales no pueden ocultar la profunda regresividad en la distribución de la renta, con los consiguientes elevados índices de pobreza, ni la vulnerabilidad que una economía fuertemente volcada al comercio mundial y a la producción primaria tiene ante la volatilidad de la economía planetaria. Bolivia, la gran derrotada de la “Guerra del Salitre”, podría considerarse su contracara. En los últimos 5 años su sistema de partidos se pulverizó, repudiado por las mayorías populares, víctima de la altísima corrupción de sus políticos, que no escatimaron esfuerzos en entregar todo patrimonio nacional a manos extranjeras. Sucesivos levantamientos populares, contra la privatización del agua, y por la nacionalización de su principal recurso natural, el gas, eyectaron a dos presidentes del “Palacio Quemado”, liquidaron la credibilidad del Congreso Nacional y proyectaron al líder del movimiento de los cocaleros, un descendiente de indígenas y dirigente del Movimiento al Socialismo, Evo Morales, como el potencial vencedor de la contienda electoral del 18 de diciembre. Su planteo es utilizar las divisas generadas por el gas para impulsar el desarrollo y socializar sus beneficios, en un país donde el 80% de la población es pobre. En una situación intermedia encontramos a Perú. Su sistema político salió mal herido del período “Fujimorista”, que en la práctica fue una dictadura reaccionaria, conservando las apariencias republicanas. El actual presidente, Alejandro Toledo, un economista neoliberal, descendiente de indígenas, quien encabezó un poderoso movimiento que derrotó en las urnas a Fujimori, hoy no puede presentar candidato a las elecciones del año que viene, por el inexistente nivel de popularidad en las encuestas. Sus principales producciones son la pesca, los minerales e hidrocarburos. Comparte con Bolivia y Colombia la producción de hoja de coca como una de las actividades económicas fundamentales, pero que no puede ser reconocida oficialmente, precisamente por presiones de los Estados Unidos, que insiste en la política de erradicación de cultivos. Una forma de atacar las consecuencias, y no las causas, que se encuentran en la demanda de la población de los países desarrollados. La cuestión nacional reivindicativa de los territorios perdidos a manos de Chile es muy fuerte, fundamentalmente en Bolivia. La denuncia sobre el envío a los Estados Unidos de 30 misiles tierra-aire de origen chino que realizó Evo Morales, y que le pueden costar un juicio político al actual presidente Rodríguez y su ministro de defensa, se inscriben en un factor poco señalado de la última revuelta boliviana: la reivindicación de la salida al mar, el concepto de defensa nacional, y la negativa de la mayoría de los bolivianos a que el gas de su país se comercialice por puertos chilenos, que les pertenecían en el siglo XIX. En definitiva, este conflicto, originado en la disputa entre las burguesías locales por dos recursos, el guano y el salitre, que en su momento fueron valiosos en el mercado capitalista mundial, hoy alimentan la disputa por recursos naturales mas relativamente más modernos, como los energéticos y alimenticios. Cabe preguntarse si este común denominador de dependencia, atraso, pobreza y subdesarrollo que padecen los habitantes de estos tres países ameritan anteponer las miserabilidades de las élites, a proyectos de integración regional que privilegien el desarrollo sustentable, la distribución más equitativa de la riqueza y el respeto a las diversidades culturales.

Crisis e inicio del conflicto

En 1878,las autoridades bolivianas, en medio de una crisis económica, buscaron reaccionar a los privilegios que el anterior gobierno había otorgado a los empresarios de la zona. En ese contexto, el congreso de Bolivia se abocó al estudio del acuerdo celebrado por el gobierno en 1873.
Para Bolivia, el contrato firmado en 1873 con la Compañía de Salitres y Ferrocarril de Antofagasta, aún no estaba vigente, porque de acuerdo con la constitución boliviana, los contratos sobre recursos naturales debían aprobarse por el congreso . Ello se hizo por la Asamblea Nacional Constituyente boliviana mediante una ley, el 14 de febrero de 1878, a condición que se pagara un impuesto de 10 centavos por quintal de salitre exportado por la compañía.
Artículo Único. Se aprueba la transacción celebrada por el ejecutivo en 27 de noviembre de 1873 con el apoderado de la Compañía Anónima de Salitres y Ferrocarril de Antofagasta a condición de hacer efectivo, como minimo, un impuesto de diez centavos en quintal de salitre exportado.
Asamblea Nacional Constituyente de Bolivia. Ley de 14 de febrero de 1878.

En lo que respecta a Chile, el cobro del impuesto de 10 centavos sobre quintal exportado violaba el artículo IV del tratado de 1874. Por ello, dicho impuesto encontró una gran resistencia por parte de los propietarios de la empresa afectada y una cerrada defensa de su causa por parte del gobierno de Santiago, desencadenándose un conflicto diplomático.
El 17 de noviembre de 1878 el gobierno de La Paz ordenó al prefecto del departamento de Cobija que hiciera efectivo el impuesto de 10 centavos establecido por la ley de 14 de febrero. Posteriormente, en 1 de febrero de 1879, el gobierno de Hilarión Daza resuelve el contrato, suspendiendo los efectos de la ley de 14 de febrero de 1878, y decide reivindicar las salitreras detentadas por la Compañía de Salitres y Ferrocarriles de Antofagasta y rematar estas últimas para cobrar los impuestos impagos desde febrero de 1878. El remate estaba programado para el 14 de febrero de 1879.
Gracias a los archivos de la Compañía de Salitres y Ferrocarriles de Antofagasta se sabe que en Chile no existía interés en ir a la guerra por salvar a la compañía, a pesar de que muchos políticos y ministros importantes eran accionistas minoritarios de la compañía[cita requerida]. Sin embargo, la decisión sería otra en el caso de que se remataran efectivamente las salitreras, lo que, según la visión del presidente de Chile Aníbal Pinto, supondría la violación efectiva del tratado.

En Chile, la decisión de ir a la guerra se toma la mañana del 11 de febrero, cuando en una sesión especial del gabinete chileno se recibe un telegrama del norte, conteniendo textualmente un mensaje del ministro plenipotenciario de Bolivia "Anulación de la ley de febrero, reivindicación de las salitreras de la compañía". Este gatilla la decisión del presidente Aníbal Pinto de ordenar la ocupación de Antofagasta, que se verifica el 14 de febrero de 1879, penetrando las tropas chilenas al interior del litoral boliviano (véase Carta del presidente de Chile, a su embajador ante el gobierno de La Paz). Ante esta situación el 27 de febrero, Hilarión Daza decreta el estado de sitio en Bolivia.
El Perú, que había suscrito el Tratado de Alianza Defensiva de carácter secreto con Bolivia en 1873 y al que Argentina no se había adherido, trata de persuadir al gobierno de La Paz para someterse a un arbitraje con la misión Quiñones, figura que se encontraba estipulada en el protocolo complementario de 1875, toda vez que se trataba de un "problema tributario" y no territorial. El gobierno peruano para mediar en el conflicto envió a su ministro plenipotenciario José Antonio de Lavalle a Chile; la misión del diplomático fracasó y en lugar de ello, el gobierno de Chile, denuncia al plenipotenciario peruano la existencia de un "Tratado Secreto" firmado con Bolivia. Lavalle lee el tratado al canciller chileno Fierro y explica que no es ofensivo a Chile.
El 1 de marzo el gobierno de Bolivia declara cortado todo comercio con Chile. El 15 de marzo Chile inicia preparativos para ocupar más al norte del paralelo 23. Con ello 23 de marzo tiene lugar la batalla de Calama, en la que las fuerzas chilenas vencieron a un grupo de civiles bolivianos. El 5 de abril de 1879 Chile le declara la guerra al Perú y a Bolivia.
La revisión y análisis del tratado secreto de alianza, lleva a historiadores peruanos a la conclusión que el Perú aún tenía la opción de decidir si la agresión a Bolivia era real o si el asunto merecía un arbitraje, lo que "era preferible", según la cláusula pertinente. Esta misma interpretación dice que a raíz de la penetración de tropas chilenas en territorio boliviano y el poco interés del gobierno de Chile en "una salida diplomática", y a la declaratoria de guerra que le hace el gobierno chileno el 5 de abril, es que Perú se siente ligado a Bolivia por el tratado recíproco de defensa, y entra asimismo, en la contienda, declarando el casus foederis.
La historiográfica chilena en cambio afirma que el pacto es defensivo en la forma, pero ofensivo en el fondo, por lo que considera la mediación de Perú después de la toma de Antofagasta como una forma de ganar tiempo, mientras se realizaban preparativos de guerra. Además declaran motivos de más largo alcance para que la guerra terminara en un conflicto entre Chile y Perú, que sería, según esta visión, una enemistad que tendría raíces en la colonia, y exacerbadas en la independencia y en la Guerra contra la Confederación Perú-Boliviana.
Por otra parte la historiográfica peruana afirma que la relaciones coloniales eran de cooperación y comercio entre los puertos del Callao y Valparaíso. Luego de proclamada la Independencia, ambos gobiernos suscribieron el 23 de diciembre de 1822 un tratado de Liga, Alianza y Confederación, que establecía principalmente una alianza militar entre el Perú y Chile, el cual se complementó el 26 de abril de 1823 con un tratado de Auxilios, que reglamentaba el financiamiento de la campaña libertadora y aunque posteriormente el gobierno peruano no reconoció dicha deuda, en 1839 con la derrota de la Confederación, el Perú pagó a Chile la deuda contraída por el servicio prestado por el ejército chileno en la campaña restauradora y la independencia, así como reconoció las acciones de los oficiales de Chile otorgándoles premios y condecoraciones del ejército del Perú por reunificar el Perú y derrotar a Santa Cruz reconociendo a Chile como aliado del Perú. Esta alianza volvería a fortalecerse en 1866 durante la Guerra Hispano-Sudamericana en la cual las escuadras navales de ambos países combatieron juntas a la Armada Española en el Combate naval de Abtao; tras el Combate del Callao y el retiro de la flota europea de aguas americanas en octubre del mismo año el ministro chileno en el Perú Marcial Martínez, en cumplimiento de una ley dada por el congreso de su país, confirió al presidente peruano Mariano Ignacio Prado (el mismo en 1879) los despachos de General de División en el Ejército Chileno. Esto ha llevado a la historiografía peruana a afirmar la existencia de intereses económicos y políticas expansionistas en la clase dirigente chilena de ese entonces como verdadero motivo del estallido de la guerra